Luego de una audiencia que se realizó este lunes, ya no quedan impedimentos judiciales para que el fiscal de Rosario Luis Schiappa impute al empresario Máximo Tasselli, presidente de Petroquímica Bermúdez, una empresa adquirida por su padre Sergio Taselli, como responsable del daño ambiental irreversible que se produjo en esa planta, ubicada a cinco kilómetros de Rosario, donde desaparecieron 850 tanques de cloro gaseoso y se habrían enterrado sustancias cancerígenas como asbesto, que son altamente tóxicas, algo que contaminó las napas y el agua de la zona, según detectó una auditoría.
«Los niveles de contaminación son patéticos y flagelantes. Hay un riesgo concreto. Y el daño con el tiempo se va incrementando a niveles preocupantes», consideró este lunes el juez de Cámara Daniel Acosta, en un adelanto de los fundamentos que dará por escrito.
Junto a Tasselli serán imputados Matías Gallegos, directivo de la compañía que cerró en 2013, el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini y el exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, quien se encuentra preso desde agosto pasado.
Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación creen que en este caso podría haberse concretado el pago de coimas para que la causa judicial se archivara el 8 de marzo de 2019, a pesar de que –como señaló el fiscal Schiappa Pietra este lunes– «existen claras evidencias del daño ambiental y de la contaminación que se generaba en la planta de Petroquímica Bermúdez».
Se presume que el acuerdo de «remediación» que se firmó en 2018 y servía para sanear Petroquímica Bermúdez, que estaba cerrada desde 2013 con sustancias altamente tóxicas, nunca se cumplió y solo sirvió para favorecer a los empresarios para evitar complicaciones penales.
LA NACION reveló el 18 de enero pasado que en el predio que Sergio Tasselli adquirió en 1998 desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa. El escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes. El fiscal consideró que se trata de una «bomba ambiental».
«Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas», explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. «Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro», advirtió.
En la audiencia de este lunes, el fiscal cargó contra la Fiscalía de Estado. «No se puede entender cómo habiendo un decreto del propio gobernador para que el caso se investigara, la Fiscalía de Estado acordó el archivo de la causa», señaló Schiappa Pietra.
Este lunes se realizó la audiencia presidida por el juez Acosta, luego de que los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery apelaran la decisión que había tomado el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, quien rechazó el planteo de realizar una audiencia imputativa contra los acusados con el argumento de que era «cosa juzgada». Justamente, lo que se sospecha es que la causa se archivó por motivos oscuros.
El 8 de marzo de 2019, el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. «Es la instrucción de mi superior», dijo como argumento. Ese superior era Serjal, el exjefe de los fiscales de Rosario que está preso, acusado de haber cobrado coimas en dólares a Leonardo Peiti, un empresario que manejaba el juego clandestino.
Al avalar el pedido de Schiappa Pietra, el juez Acosta adelantó los argumentos que dará por escrito. En ese prólogo de su fallo, el magistrado sostuvo que no solo esta decisión (la del juez Romanini) es equivocada y errónea, sino que expone al Estado argentino a la posibilidad de una responsabilidad internacional por la convención de Basilea de 1989 de residuos peligrosos».
